Día: 8 de marzo de 2014
Lugar: Plaza del Dos de Mayo (Malasaña)
Hora: 12:40
I. DINAMIZACIÓN, PRÓXIMA CONVOCATORIA.
Dinamización: Grupo de Trabajo Marcha de la Dignidad #22M de la Asamblea Interbarrios Centro.
Acta: Asamblea Popular del Barrio de Malasaña.
Próxima convocatoria: La próxima charla/debate de la Asamblea Interbarrios Centro alrededor de la Marcha de la Dignidad #22M se celebrará el próximo sábado 15 de marzo de 2014, a las 18:00, en la Plaza del Dos de Mayo.
La Asamblea Popular del Barrio de Malasaña acoge una asamblea temática, con formato de charla/debate, consensuada en el ámbito de la Asamblea Interbarrios Centro, que se inicia alrededor de las 12:40.
Una persona de la Plataforma Auditoría de la Deuda Ciudadana es quien actúa como ponente.
I. CHARLA: DEUDA DE GÉNERO
El objetivo de la charla es analizar la crisis bajo el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que nos permite visibilizar ciertos ámbitos de la economía, fundamentales para que el sistema funcione, pero que son ignorados por la economía ortodoxa. Así como identificar otras deudas existentes, diferentes a la financiera.
Partimos de algunos mensajes que hemos interiorizado de tanto ser repetidos por los medios de comunicación y otras élites de poder:
La crisis empezó en 2008.
La crisis se origina porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
Para salir de la crisis es necesario que hagamos sacrificios.
Si los hacemos, podremos volver a la senda del crecimiento y volver a estar tan bien como antes de la crisis
Todas estas afirmaciones son mentira:
Antes de 2008 el sistema económico ya estaba en crisis. Existía una crisis ecológica y una crisis de cuidados.
El origen de la crisis está en cómo las élites masculinizadas del sector financiero y el capital transnacional han vivido por encima de nuestras posibilidades.
Esos sacrificios son, en realidad, una vuelta de tuerca a las políticas neoliberales que se llevan aplicando, a nivel global, desde la década de los 70.
Conocemos sus consecuencias, pues fueron aplicadas con la misma intensidad en los países de la periferia global en la década de los años 80 y 90, bajo en nombre de Políticas de Ajuste Estructural. Los resultados fueron mayor pobreza, desigualdad social y una generación perdida.
Intentar volver a la situación previa a 2008 no es la solución, pues fue precisamente la lógica imperante entonces, basada en el crecimiento ilimitado, la que nos llevó a la crisis. Además, ese sistema garantizaba el bienestar de una élite con la explotación de la mayoría. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cambiar es el sistema.
Para profundizar sobre estas ideas debemos, primero, detenernos a analizar en qué consiste el sistema capitalista. Lo podemos definir bajo los siguientes puntos:
El objetivo del sistema es maximizar el beneficio monetario, en base a lo cual se organizan todos los recursos económicos y las personas.
Las decisiones son tomadas en base a la siguiente imagen sobre la realidad social:
Las personas son seres individuales e independientes.
Sólo tiene valor la economía monetarizada.
El bienestar colectivo se obtiene cuando los individuos interactúan en los mercados maximizando su bienestar individual.
Lo anterior tiene las siguientes consecuencias:
El sistema económica ignora que los seres humanos somos vulnerables y dependientes, con necesidades físicas, afectivas y sociales.
Se ignoran ámbitos fundamentales para el funcionamiento del sistema económico que no forman parte de los mercados y no tiene valor monetario, como por ejemplo, los cuidados realizados de manera no remunerada en el ámbito doméstico.
Toda acción pública se considera una distorsión sobre la iniciativa privada.
Se ignoran, totalmente, los límites físicos del planeta.
Las condiciones de vida son un efecto secundario del sistema económico, no un fin en sí mismo.
Todo ello nos afecta en nuestro día a día:
Condiciona qué, cuánto y cómo se produce.
Condiciona los tiempos de las personas.
Condiciona el uso de los espacios.
Condiciona el uso de los recursos naturales.
Lo cual lleva a un conflicto entre el capital y la vida, que podemos identificar en tres ámbitos:
En el ámbito del trabajo remunerado, con el clásico conflicto capital-trabajo.
En el ámbito del medio ambiente, con la sobreexplotación de los recursos naturales.
En el ámbito de los cuidados, con las necesidades físicas, efectivas y sociales que deben satisfacerse para reproducir la mano de obra. La solución a este conflicto ha pasado por cargar a las mujeres con dicha responsabilidad, que han hecho de manera gratuita e invisible, a lo largo de la historia. Ese trabajo no reconocido socialmente y realizado bajo relaciones de explotación, es lo que denominamos deuda de género. Asimismo, otras economistas feministas, han descrito a este sistema como un iceberg, ya que para que una pequeña parte se mantenga a flote, es necesario que otra mayor se mantenga sumergida e invisible.
Pero este sistema, además de capitalista es neoliberal ¿Qué implica el neoliberalismo en la deuda de género y en la condiciones de vida de las personas?
Analicémoslo siguiendo las tres patas que constituyen su política:
La financiarización de la economía, transfiriendo recursos desde la economía real a la economía especulativa. El sector financiero está muy masculinizado, el poder económico se concentra todavía más en una pequeña élite masculina, lo que hace menos accesible los recursos económicos para las mujeres. Además, que haya menos recursos en la economía real da lugar a una mayor precarización de la vida, que es compensada con un aumento del trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres.
Limitar la acción del Estado mediante una política fiscal regresiva y la privatización de los servicios y empresas públicas. Ello implica una menor capacidad para obtener recursos, con los que llevar a cabo políticas públicas dirigidas a acabar con la desigualdad social y la división sexual del trabajo. Así mismo, la privatización de servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad o la protección social, lleva a que la sostenibilidad de la vida deje de ser un problema público, sino una responsabilidad de las mujeres.
Flexibilidad en el mercado laboral, es decir, disminución de los costes laborales a costa de reducciones salariales y eliminación de derechos. Esto ha supuesto que la introducción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo se hiciera en condiciones de precariedad. Así mismo, la flexibilidad de la jornada laboral, que se concreta en jornadas de trabajo más extensas e irregulares, limita que los hombres se hagan responsables del 50% de los trabajos de cuidados, obligando a las mujeres a retirarse total o parcialmente del mercado de trabajo.
Como consecuencia de todo lo anterior se produce una transferencia neta de recursos desde la clase trabajadora y el estado a la élite financiera y capitalista transnacional. Sin embargo, para que la economía continúe creciendo es necesaria que el consumo también aumente ¿pero cómo hacerlo si las rentas salariales y los recursos de los estados son cada vez menores en comparación con los beneficios empresariales y financieros? ¿Cómo solucionar este dilema?
La solución es sencilla, gastando el dinero que todavía no tenemos, es decir, endeudándonos. Al mismo tiempo, se produce una precarización de la vida, debido a la retirada de recursos de la economía real, de la menor capacidad redistributiva del Estado y de un deterioro de las condiciones laborales. La manera de compensar las consecuencias sociales de dicha precarización se realiza mediante el aumento del trabajo de cuidados, hecho por las mujeres, de manera gratuita en el hogar. Es decir, mediante un aumento de la deuda de género. Dicho de otra manera, el beneficio capitalista creciente y continuado es posible gracias a la explotación de los pueblos, el medio ambiente y las mujeres. Veamos ahora, cómo se concreta todo este proceso que tiene lugar a nivel global, en el contexto de la Unión Europea, que, pese de las declaraciones de buenas intenciones, ha sido construida siguiendo el programa político neoliberal:
1) Potenciando la libre circulación de bienes y capitales, con la creación del mercado único, la Comunidad Económica Europea, firmandodiante el Tratado de de Roma (1957).
2) Con el Tratado de Maastricht (1992), se diseñó un Banco Central Europeo cuyo objetivo principal es el control de la inflación, no puede emitir eurobonos, ni prestar dinero directamente a los estados, cede este negocio a la banca privada y limita la capacidad de intervención de los estados en la economía con un techo de déficit y deuda pública en el 3% y el 60% del PIB respectivamente.
3) Promoviendo una política fiscal regresiva, en la que se recomienda reducir los impuestos a los beneficios empresariales y financieros, así como aumentar impuestos indirectos, como el IVA.
4) Promoviendo una estructura económica de la UE basada en la especialización centro periferia. Así, a España le tocó especializarse en ladrillo y turismo.
5) Generando una unión monetaria entre países asimétricos sin los adecuados sistemas de compensación y redistribución, dando lugar a que los excedentes comerciales de los países del centro fueran subvencionados con los déficits crónicos de los países de la periferia. Estos excedentes se transformaron en liquidez e invertidos en las burbujas inmobiliarias de los países de la periferia.
Es decir, se ha producido una transferencia de competencias a instituciones supranacionales no democráticas, como el BCE, en base a los intereses de una élite económica. Así, los Estados han hecho una dejación progresiva de sus funciones al dejar de responsabilizarse de la sostenibilidad de la vida, para preocuparse únicamente de colocar en el centro de la organización social a los mercados.
Esto situación llevó a una crisis de los cuidados, mucho antes de que se desencadenara la financiera de 2008. La organización social y tradicional de los cuidados, basada en un modelo de familia nuclear, donde el hombre era el cabeza de familia-proveedor y la mujer ama de casa, a tiempo completo, se había roto. La mujer entró en el mercado laboral, pero sin que los hombres como colectivo, la clase empresarial ni el estado, asumieran su responsabilidad de cubrir las necesidades sociales de cuidados. Se estaba resolviendo el conflicto con un modelo basado en la doble presencia femenina, donde la mujer participaba en mercado laboral, sin dejar de asumir el trabajo doméstico del hogar. Es decir, la deuda de género continuaba acumulándose.
En el contexto español, todo se materializó con sus propias peculiaridades:.
1. A finales de los 70, España inicia su proceso de integración en Europa, aplicando el programa político neoliberal y partiendo de un estado de bienestar poco desarrollado.
2. Desde finales de los 90 las legislaciones promovieron la especulación inmobiliaria, como las reformas de la ley del suelo de 1998 y de la Ley de Cajas de Ahorro de 1997.
3. La burbuja inmobiliaria y financiera se hinchó, a partir de la entrada en euro, gracias a los fondos que vinieron del centro de Europa, en forma de crédito interbancario.
4. Las familias se hipotecaron a 30 y 40 años para acceder a una vivienda, mientras las entidades financieras y las empresas de la construcción se endeudaban, haciendo beneficios mientras duraba la burbuja.
5. Todo ello gracias a la connivencia de la clase política.
En el periodo previo al estallido de la crisis, 2000-2007, la deuda pública aumentó un 12,33%, de 445.822 a 500.775 millones de euros. Es decir, se mantuvo prácticamente constante. Mientras, la deuda privada aumentó un 216,45%, de 1.291.194 a 4.085.929 millones de euros. En 2007, la deuda pública suponía únicamente el 11% de la total, la cual superaba el 350% del PIB.
Cuando explota la burbuja y empieza la crisis en 2008, el sector bancario se queda en situación de insolvencia, pues tiene sus activos en inmuebles valorados a precios inflados, en su pasivo elevadas deudas con entidades extranjeras y unos fondos propios muy reducidos para hacer frente a las pérdidas potenciales. Al dejar de fluir el crédito, el sector de la construcción, uno de los pilares de la economía, se derrumba, provocando el rápido aumento del paro masculino.
Al aumentar el número de personas sin trabajo, bajó el nivel de las cotizaciones y aumentó el gasto en prestaciones por desempleo, lo que unido a una política fiscal regresiva, cuya carga impositiva recaía fundamentalmente sobre las rentas de la clase media trabajadora, hizo disminuir la recaudación del estado. Así, por los efectos automáticos de la crisis sobre los ingresos y gastos públicos, aumentó el déficit, hasta alcanzar el 11% del PIB en 2009, y el estado tuvo que acudir a los mercados financieros para obtener recursos, a través de la emisión de títulos de deuda. Es decir, la deuda pública aumentó debido a la crisis provocada por la actividad especuladora del sector financiero y las grandes empresas, especialmente del sector de la construcción.
Ante esta situación, el estado reaccionó de la siguiente manera:
En una primera fase, llevó a cabo una serie de inversiones con fondos públicos, con objeto de reactivar la economía, centrándose en sectores económicos masculinizados, como el transporte, la construcción y la industria pesada.
Acudió a salvar a aquellos que habían originado la crisis, dedicando cantidades ingentes de recursos públicos a ayudar al sector financiero, también masculinizado. Desde la PACD se han estimado las ayudas recibidas por el sector financiero español en 1,42 billones de euros. Si descontamos las ayudas procedentes del BCE y el aval implícito del estado a los depósitos bancarios, el total de las ayudas, directas e indirectas, realizadas por el estado español, alcanzan los 274.924 millones de euros.
De esta manera, en el periodo posterior al estallido de la crisis, 2007-2012, la deuda pública aumentó un 102,12%, de 500.775 a 1.001.802 millones de euros. Mientras, la deuda privada disminuyó un 1,35%, de 4.085.929 a 4.031.570 millones de euros. En septiembre de 2013, el total de la deuda de española ascendía a 4,862 billones de euros, equivalente al 475% del PIB. De la cual, el 77% es de origen privado y sólo el 23% es responsabilidad del estado y las administraciones públicas.
La reacción por parte de la UE, consistió en presionar al Estado español para controlar el endeudamiento público, a pesar de que la deuda privada era el gran problema de la economía y el origen de la crisis. La única explicación para este comportamiento es el interés por parte del BCE y la CE de garantizar el reembolso de la deuda privada, a través de su transformación en deuda pública, de lo que se beneficiarán los acreedores privados, el capital financiero internacional, el mismo que nos ha metido en esta crisis. De esta manera, se continúa con la transferencia de competencias de los estados, centrándose ahora en las políticas presupuestaria y fiscal, mediante los mecanismos:
El Semestre Europeo, a partir de 2011, un mecanismo permanente de supervisión de los presupuestos públicos de cada uno de los estados miembros.
El Pacto Fiscal, formalmente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, firmado en 2012 y que entró en vigor en 2013. En este se refuerzan los límites sobre el déficit público, que no puede superar el 3% del PIB, y la deuda pública, que debe quedar por debajo del 60% del PIB. De no cumplir las reglas, el pacto establece duras sanciones para los estados.
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), aprobado en 2012, cuya función es realizar los rescates financieros a los estados que no puedan hacer frente al pago de sus obligaciones de deuda, además de dotar a la banca privada de fondos suficientes para su recapitalización, pero haciendo responsables de su devolución a los estados, los cuales se ven sometidos a duros ajustes estructurales ligados a estos préstamos, a través de los Memorandum de Entendimiento. En junio de 2012, se aprobó mediante este organismo el rescate de la banca española, que supuso una deuda para el Estado de 40.000 millones de euros.
Así mismo la condición establecida supuso un plan de ajustes macroeconómicos donde aparece la disminución del déficit a costa de reducción de gasto público, privatizaciones y subidas del IVA.
Además, de estar establecido así en el caso de los préstamos concedidos por el MEDE, en agosto de 2011, el gobierno español, bajo la presión de la UE, reformó el artículo 135.3 de la Constitución, de forma que el pago de la deuda pública y sus intereses tendrá siempre carácter prioritario, incluso sobre gastos públicos básicos de carácter social.
Las consecuencias de las políticas asumidas para afrontar la crisis son:
Pérdida de soberanía, las decisiones sobre la gestión de los recursos públicos no la toma la ciudadanía sino organizaciones supranacionales no democráticas, por tanto nuestro sistema es cada vez menos democrático.
El estado se supedita a las lógicas de acumulación capitalistas neoliberales. La motivación que está detrás de sus políticas es garantizar los intereses de la élite financiera empresarial y del capital transnacional.
Debido a lo anterior, el estado ha dejado de preocuparse de garantizar la sostenibilidad de la vida, así como de responsabilizarse la reproducción social en unas condiciones de vida dignas. De hecho, las políticas aplicadas van justo en contra de este objetivo, suponiendo un ataque contra la vida misma. Así las Políticas de Austeridad, la nueva versión de las Políticas de Ajuste Estructural, están teniendo los siguientes impactos sociales:
Las reformas laborales, consistentes en devaluar los salarios y eliminar derechos laborales:
Afectan negativamente a las mujeres, que parten de mayor precariedad laboral.
Se prescinde de los convenios colectivos, donde se establecían los planes y medidas de igualdad, según se había incentivado desde la Ley de 2007, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Las medidas de liberalización horaria por parte de las empresas y la ampliación de las jornadas laborales, unido a la congelación de la baja por paternidad, dificulta todavía más la conciliación y la corresponsabilidad del trabajo reproductivo entre hombres y mujeres.
Adelgazamiento del Sector Público:
Los recortes de personal y reducciones de salario, unido a la propagación de la crisis al sector servicios, consecuencia de la reducción de la capacidad de consumo del la población, hace que a partir de 2010, la tasa de desempleo mayor sea la femenina.
Si en 2007, la tasa de paro de los hombres estaba en un 6,1% y la de las mujeres en un 10,5%, en 2012 la de los hombres aumentó al 24,09% y la femenina alcanzó un 24,5%.
Aumento de impuestos indirectos como el IVA
Reforma de las pensiones, que vincula todavía más el acceso a esa prestación con una trayectoria laboral ininterrumpida. Por un lado se amplía el número de años de cotización que dan derecho a una pensión contributiva y, por otro, se vincula todavía más la cuantía de la pensión con el nivel de cotización a lo largo de la vida laboral.
Estas reformas penalizan a las personas que no han tenido una vida laboral continuada, como por ejemplo las mujeres, cuando se retiran total o parcialmente del mercado trabajo para cubrir las necesidades de cuidados.
Recortes y privatización de los servicios públicos:
Uno de sus impactos es que la cobertura social se vincula todavía más a la participación en el mercado laboral remunerado, trabajando de manera ininterrumpida y a jornada completa, obviando la precariedad laboral femenina.
Analizando por sectores:
Recortes dependencia: A partir de 2012, la partida de prestaciones gestionada por las comunidades autónomas disminuye un 15%.
Sanidad: Entre 2010 y 2012 se ha recortado 7.993 millones de euros (12%). Concretamente en la detección sanitaria de la violencia de género y eliminación de los programas de educación sexual y reproductiva en los centros educativos.
Educación: Entre 2010 y 2012, se ha recortado 6.872 millones de euros (13%). Especialmente en educación compensatoria, en comedores escolares y educación no obligatoria en el tramo de 0 a 3 años.
Vivienda y servicios comunitarios: Entre 2010 y 2012 se han recortado 9.531 millones de euros (93%).
Actividades recreativas, culturales y religión: Entre 2009 y 2012 se han reducido 4.653 millones de euros (28%)
Protección del medio ambiente: entre 2010 y 2012 se ha recortado 2.080 millones de euros (21%)
Los recortes en educación, sanidad, cultura, medio ambiente y vivienda suman 31.129 millones de euros de 2010 a 2012. Solamente las inyecciones de capital hechas al sector bancario, desde el inicio de la crisis hasta diciembre de 2012, suponen 59.130 millones de euros. El presupuesto en 2013 para el pago de intereses de la deuda era de 38.000 millones de euros
Paralelamente se han llevado a cabo otras medidas de sumisión y control social, para desmovilizar la presión ciudadana, como la Ley Mordaza o la reforma sobre la ley del aborto, que pretende redefinir el papel social de las mujeres.
En definitiva, todas estas políticas dan lugar a una mayor precarización de la vida, al mismo tiempo que la sostenibilidad de la vida deja de ser un asunto público, para convertirse en un asunto privado que recae fundamentalmente sobre las mujeres, las cuales absorben el shock derivado del aumento de las tensiones en el conflicto capital y vida. De esta manera se potencia que regresen al rol tradicional de cuidadora del hogar, ampliando todavía más la deuda de género.
Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda defendemos la realización de auditorías ciudadanas de la deuda, como herramienta para lograr el no pago de esta deuda ilegítima que nos obliga a desmantelar nuestro ya imperfecto estado de bienestar.
Las auditorías ciudadanas deben servir para entender las relaciones de explotación sobre las que se mantiene el sistema económico, las cuales son el origen del problema. Para de esta manera identificarlas y cambiarlas.
En este sentido, debemos diseñar una política pública y promover un cambio de conciencia social que permitan erradicar la división sexual del trabajo.
Algunas alternativas concretas, procedentes de la economía feminista, son:
Igualdad en los permisos de maternidad y paternidad, obligatorios, intransferibles y subvencionados.
Universalidad en la educación no obligatoria de 0 a 3 años mas ayudas a las personas dependientes.
Una reducción de la jornada completa de trabajo sin reducción de salario.
Reforma del sistema de pensiones y del sistema tributario para que no incentive la división sexual del trabajo.
II. DEBATE
Una persona interviene para abogar por la socialización de los cuidados. Expone que la carga debe asumirse con recursos sociales y, por supuesto, con gestión pública, como un servicio público más.
Otra persona añade que, para facilitar la socialización de los cuidados, hay que conseguir una reducción de la jornada laboral, sin reducción salarial, para conseguir contar con más disponibilidad de tiempo para la propia vida personal y la familia.
La persona que ha hecho la exposición, agradece ambas aportaciones y afirma que las comparte. Comenta que, desde la Economía Feminista, se vienen sosteniendo tesis similares. Estado y sociedad deben asumir los cuidados a través de una red de servicios públicos que cubran todas las necesidades. Asimismo las empresas, ya que se benefician de un trabajo para ellas gratuito, también deben aportar con la reducción de jornada, pues todo puede funcionar perfectamente sin que nadie tenga que trabajar más de 25 horas semanales. Se trata de conseguir una mejor redistribución de la riqueza.
En cuanto a la remuneración, añade que inicialmente, en capitalismo industrial en los siglos XVIII y XIX, existía la asunción por parte de los empresarios de la necesidad de que el salario del trabajador varón tenía que garantizar la reproducción de la familia, considerándose que el salario de las mujeres como una aportación extra, pero de ahí se pasó a la retribución ligada exclusivamente a la productividad del trabajo. Habría que recuperar la idea de que un salario debe ser suficientemente alto como para cubrir las necesidades de sostenibilidad de la vida y que cubra las necesidades de cada persona trabajadora, porque, si no, volveríamos al modelo dual sexista de varón proveedor y mujer ama de casa.
Otra persona comienza recordando que hoy es el Día de la Mujer y que el trabajo doméstico debe cuantificarse, porque tiene un valor económico que debe exigirse. No se paga porque, aunque genera riqueza, no se considera así. Añade que aunque no le gusta el término, cree que eso que se está llamando renta básica es la fórmula correcta y que esta debe ser la máxima reivindicación feminista por muchos años.
La persona que ha hecho la exposición, dice que está de acuerdo en parte. Concretamente con lo de la renta básica y que hay que determinar una cuantía razonable. Precisa que no es de recibo que se considere tan suficiente un ingreso en torno a 300 euros, mínimo de las pensiones no contributivas, como el de las contributivas, que ronda los 600 euros, como si fuera lo mismo la supervivencia con una cantidad u otra, o que las necesidades de las personas tuvieran relación con haber cotizado más o menos. Deben asegurarse las prestaciones sociales e implantar un salario digno que garantice una vida digna.
Sobre valorar los cuidados, agrega que es interesante hacerlo para elaborar comparativas entre los diferentes sectores de la economía y que, desde la economía feminista, se han hecho intentos de calcularel valor del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, a precios de mercado, pero es una aproximación imperfecta, porque, por un lado, está infravalorado por el mercado, por no tener prestigio social y, por otro, porque hay facetas que es imposible tasar, como la satisfacción de las necesidades afectivas, el cariño entregado a la crianza infantil; y concluye con que no cree que la solución sea establecer un salario para las amas de casa, sino que lo verdaderamente necesario es acabar con la división sexual del trabajo.
La persona que había planteado el tema vuelve a intervenir para reiterar que, siendo el doméstico un trabajo necesario, imprescindible para la producción del sistema, no se cotiza y que son las mujeres quienes se hacen cargo de él, pese a que va en su contra, por lo que hay que llevar a cabo una labor didáctica al respecto.
Otra persona, que al tomar la palabra, saluda a las que están calcetando en la plaza, comenta que, en 1990, EMACUME lanzó una propuesta de huelga doméstica, pero que no prosperó porque nadie quiso dejar tiradas a sus familias.
Eso le trae a la cabeza la situación de las residencias como sitios a los que sólo se va a morir porque no hay recursos y que, quienes lo sufren ni siquiera lo pueden denunciar. Añade que rompen la estructura familiar y eso es culpa de este gobierno del PP, porque ha negado la paga acordada a las personas dependientes. Ahora los problemas son mayores. No es que concretamente quieran fastidiar a la mujer, pero la realidad es que todo lo han cargado sobre las familias. Afirma que esto deberíamos denunciarlo e invita a las personas participantes a acudir a esos lugares y comprobar que ni siquiera se deja salir al jardín a las personas recluidas porque no hay personal para moverlas.
A continuación esta persona comenta el caso de una conocida que carece de prestación económica alguna porque oficialmente nunca ha trabajado. Cuando se casó tuvo que cuidar de su suegro, luego de sus cinco hijos y ahora de su madre. Este es un ejemplo, Señora de Bárcenas aparte, de que ahora la mujer es más pobre, que tiene menos derechos y de que ha habido un retroceso, aquí como en África, con el auge de los imames y la trata, que es un grave problema en países como Nigeria. Un problema que seguirá creciendo mientras haya clientes. Termina esta persona afirmando que los hombres, sobre todo los jóvenes, han hecho un gran esfuerzo por la igualdad, pero que siguen viéndose grandes diferencias en movilidad de dependientes, pues se encuentran más hombres que mujeres utilizando sillas de ruedas.
Otra persona aportar un tema que no se ha mencionado y que cree necesario denunciar: la transnacionalización de los cuidados. Un fenómeno que evidencia el carácter perverso del sistema capitalista. Las parejas de personas trabajadoras de los países desarrollados, se ven obligadas a trabajar al completo, para compensar sus bajos salarios y largas jornadas, de modo que emplean a personas migrantes, generalmente mujeres, para que se hagan cargo de las que dependen de ellas, tanto sus descendientes, como ascendientes dependientes. Estas personas, a su vez, necesitan que en sus países se hagan cargo de las suyas, generalmente mujeres más pobres aún, y así sucesivamente. Al finalizar su intervención, invita a la persona que ha hecho la exposición a que precise lo que considere necesario, porque no sabe si ha expresado el tema con exactitud.
Esta, sin hacer uso del micro, contesta que lo ha explicado perfectamente.
Otra persona, participante de la PADC, afirma que mientras no haya igualdad, no llegará la revolución y que sólo será posible si se deja a la mujer que la realice, pues es la mayor deudora.
A continuación, como participante del Grupo de Trabajo Marcha de la Dignidad #22M de la Asamblea Interbarrios Centro, explica que el origen del acto que se está realizando es la convocatoria de las marchas que ya están caminando y que llegarán a Madrid el día 22, para exigir no sólo el no pago de la deuda, la renta básica, que se podría sufragar tan solo con los intereses de aquella, sino el mantenimiento de la dignidad de la persona.
Como cierre de la charla/debate comenta que el próximo sábado por la tarde en el mismo lugar se hablará de salario digno y servicios públicos, algo que hemos pagado y nos están quitando y que, el domingo, habrá otro encuentro en otra plaza tan bonita como esta: Cabestreros, para debatir sobre las marchas.
Otra persona toma la palabra y apostilla que no puede terminar un acto así sin un NO a la ley del aborto y, levantando la voz, lanza la consigna ¡NO A LA LEY DEL ABORTO!, que es coreada por las personas participantes.
Retoma la palabra la persona participante del grupo dinamizador, que añade que esta tarde nos manifestaremos contra un gobierno ultracatólico que quiere imponernos su fe caduca.
Finaliza la charla/debate, en la Plaza del Dos de Mayo, a las 12:40 horas.
La próxima charla/debate de la Asamblea Interbarrios Centro alrededor de la Marcha de la Dignidad #22M se celebrará el próximo sábado 15 de marzo de 2014, a las 18:00, en la Plaza del Dos de Mayo.
