La prevención, gran ausente de la nueva ley de aborto

Aún está por ver qué va a decidir el gobierno sobre el cambio de ley (cuesta decir nueva porque nos lleva a un remoto pasado) con el que amenaza desde hace casi tres años. Al inicio de la legislatura, la propuesta del Partido Popular pretendía contentar a los sectores más conservadores de su electorado y de la jerarquía eclesiástica… además de saciar el narcisismo del ministro de Justicia. En tanto tiempo muchas cosas cambian y, ahora, avanzar o dejar en el cajón una de las propuestas más impopulares y retrógradas de su reinado político depende más de sus planes electoralistas que del análisis riguroso de la realidad. Cuando una ley se impone por motivos meramente ideológicos y no de oportunidad y necesidad social o sanitaria suele ocurrir que genera enfrentamiento incluso dentro de su corte. Algo gordo tiene que pasar cuando Gallardón, su orgulloso protagonista, prometió que el proyecto definitivo saldría aprobado por el Consejo de Ministros hacia el Congreso de Diputados antes de que terminara el verano y que ahora, cuando ya casi ha acabado, estén dando la callada por respuesta.

En ausencia de novedades, el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, presentada por el gobierno en diciembre de 2013, sigue siendo la hoja de ruta del conservadurismo. Toda ley que se precie y que tenga como objetivo ordenar y mejorar situaciones de impacto social, tratando de evitar desamparo legal de una parte o toda la sociedad y que, además, pretenda evitar sufrimiento a las personas que se enfrentan a desigualdad, injusticia o daño para su salud física o psicológica, tienen que incluir, entre otras cosas, medidas de prevención. Y ¿cómo aborda la prevención del embarazo no deseado una ley concebida para sustituir la actual, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, por otra en la que solo se nombra una vez la palabra embarazo no deseado? Pues de ninguna manera seria.

Hagamos una comparación entre las propuestas preventivas de ambas leyes Por resumir, y sin entrar en detalle sobre sus contenidos relativos al aborto, la ley de 2010, que tanto sarpullido genera a los fundamentalistas, protege y garantiza la salud y los derechos reproductivos. También incorpora los principios de la Organización Mundial de la Salud en estas materias y prevé la adopción de acciones y medidas preventivas, tanto en el ámbito educativo como sanitario, con especial atención a la gente joven y a las personas con discapacidad. Otra cosa es que aquellas buenas pretensiones no se estén desarrollando, entre otras cosas, porque durante estos tres años este gobierno anti derechos solo esté cumpliendo, y mal, lo imprescindible, despreciando lo que para ellos es prescindible: lo educativo y preventivo. La principal diferencia es que mientras la ley de 2010 reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida y respeta el derecho de las mujeres a decidir, el anteproyecto del gobierno del PP cambia el orden de prioridad. En éste, la mujer se supedita a un bien mayor que es el derecho del concebido y el aborto solo se despenaliza, prácticamente, cuando la mujer puede morir en el intento. El bienestar sexual de las personas, y su vínculo con el embarazo (en las parejas heterosexuales), queda absolutamente relegado. Todo el texto legal que proponen es eso, legal, y lo sanitario, lo preventivo, y en definitiva el derecho a disfrutar de una vida sexual libre y placentera, alejada lo más posible del riesgo de embarazos no deseados, desaparecen del mapa.

Mientras que la ley de 2010 incluye medidas en el campo educativo para promover una sexualidad igualitaria y respetuosa con las diferencias y en el campo sanitario, fortaleciendo recursos de planificación familiar y de sexualidad para jóvenes y un mejor acceso a métodos anticonceptivos eficaces, a lo largo de varias páginas, el anteproyecto apenas se hace eco. Dedica dos líneas en la “exposición de motivos” refiriéndose a lo que dice la Ley de Sanidad ¡de 1986! sobre formación afectivo-sexual y embarazos imprevistos y cuatro a los “programas de educación para la salud que promueven la formación, información y prevención de embarazos no deseados… así como la educación afectivo-sexual…”

Así las cosas, el gobierno conservador no puede engañar a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular porque ha dejado bien claro que el respeto a la libertad de elegir y de sublevarse ante las decisiones de otros (supuestamente de mayor rango), en lo más fundamental que es el territorio privado de nuestro cuerpo y sobre ser o no ser madres, aún no está incorporado a su ADN.