Nunca, desde 1977 la población española ha sufrido una agresión como la que está teniendo lugar en estos momentos.
En efecto, los trabajadores y trabajadoras ven como la reforma laboral, lejos de crear empleo, reduce sus derechos y prestaciones (mayor facilidad para el despido y abaratamiento del mismo, práctica eliminación de la capacidad de negociación de las condiciones de trabajo, etc.).
Jóvenes y estudiantes ven que les resulta prácticamente imposible acceder a un puesto de trabajo o continuar con los estudios ante la subida de los precios de las matrículas, la reducción de becas, incluso las de comedor para los más pequeños. Eso si, parece que privados y concertados tienen un futuro más halagüeño.
A los funcionarios se les recorta el sueldo mientras se les aumentan la jornada laboral. Los empleados laborales e interinos de las distintas administraciones del estado son despedidos o no renovados con el perjuicio que ello supone en su funcionamiento, véase como ejemplo la sanidad o la educación.
A los dependientes y su entorno se les niegan o se les ponen obstáculos para alcanzar aquello que sobre el papel (la ley) les reconoce.
Las mujeres siguen sufriendo discriminaciones salariales y se las amenaza con recortes en sus derechos (derogación d la ley de plazos: vuelta a una legislación de hace 27 años).
Denunciamos la disminución de prestaciones y el encarecimiento de los servicios públicos que favorece y prepara su privatización. Entre tanto se auxilia a los banqueros con el dinero de todos mientras se deja en calle a miles de familias, a las que además de desahuciarlas se les reclama que sigan pagando.
Si no reaccionamos nos espera un negro futuro. El precio, el salario de un día, bien vale la conquista de un futuro mejor.
Con independencia y respeto a las distintas sensibilidades se hace necesaria una respuesta unitaria en torno a estos principios de todas y todos.
Que la huelga general y de consumo sean un éxito.
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